Ley Silla: Chocan IP y gobierno por reglas “claras”
La implementación de la “Ley Silla” en Nuevo León ha generado un conflicto entre el sector empresarial y el gobierno. Cámaras como Caintra y Coparmex denuncian una «falta de parámetros técnicos claros» en la normativa, lo que crea incertidumbre operativa y posibles afectaciones a la productividad.
La recién aprobada “Ley Silla”, una reforma federal diseñada para garantizar el derecho al descanso de los trabajadores que pasan largas jornadas de pie, ha provocado un serio enfrentamiento en Nuevo León. Las principales cúpulas empresariales del estado, incluyendo Caintra, Coparmex y Canacope, han manifestado su profunda preocupación por la ambigüedad de la ley, argumentando que la falta de reglas claras amenaza con generar un caos operativo.
El núcleo del conflicto no es la intención de la ley —que los empresarios dicen apoyar—, sino su redacción. La crítica principal es la ausencia de parámetros técnicos y cuantificables. La ley obliga a los patrones a otorgar descansos periódicos, pero no especifica la duración, la frecuencia ni las condiciones de dichos descansos.
Esta falta de especificidad, según Catalina Domínguez Estrada, presidenta de Canacope Monterrey, obliga a los empleadores a realizar evaluaciones de riesgo subjetivas. Esto podría llevar a esquemas de descanso que resulten en reducciones efectivas de entre el 9% y el 12.5% de la jornada laboral, afectando directamente la planificación de turnos, las metas de productividad y los costos laborales, todo sin un marco regulatorio claro que lo respalde.
Los líderes empresariales insisten en que esta incertidumbre es perjudicial, especialmente para las micro y pequeñas empresas que no tienen la capacidad para absorber costos imprevistos o reestructuraciones complejas.
La propuesta del sector privado para resolver este impasse es clara: diálogo y colaboración. Caintra y Coparmex han señalado que es esencial la capacitación y la creación de «comisiones mixtas», compuestas por representantes de los trabajadores y de la empresa, para definir los esquemas de descanso más adecuados para cada centro de trabajo, alineados con sus necesidades reales y operativas.
«Este análisis (realizado por comisiones mixtas) es clave para asegurar una implementación adecuada, efectiva y alineada con las necesidades reales de cada centro de trabajo.» – Comunicado de Caintra.
El conflicto en Nuevo León es un reflejo de los desafíos que la «Ley Silla» enfrenta a nivel nacional. Las empresas de todo el país están obligadas a cumplir con la nueva normativa para evitar multas que pueden ir desde los 28,000 hasta más de 280,000 pesos. Esta presión regulatoria, combinada con la falta de claridad en las reglas, ha creado un ambiente de tensión.
El llamado del sector empresarial de Nuevo León es a pasar de una ley de «escritorio» a una ley funcional, adaptada a la realidad productiva y consensuada entre todas las partes involucradas.
La Verdad Yucatán
